SEÑOR DIRECTOR En las últimas semanas hemos escuchado a una candidata presidencial y a alguna que otra figura de la política apoyar la
reinstauración de la pena de muerte, tema que invariablemente despierta controversias y pasiones, donde prima la venganza sobre la justicia.
Si bien la pena capital aún prevalece en el Código de Justicia Militar, fue prácticamente abolida en 2001. Justificar su reintroducción representa un retroceso moral y democrático.
Es comprensible que la ciudadanía se encuentre alarmada por el incremento de crímenes violentos, sin embargo, está demostrado que la pena de muerte no reduce la criminalidad. Incluso el argumento económico de ahorrar gastos al Estado frente a cadenas perpetuas es insostenible, pues los centros penitenciarios pueden implementar programas de productividad.
El debate sobre la pena de muerte nunca se ha centrado realmente en el respeto a la vida, sino en cuestionar la crueldad inherente al poder soberano para decidir sobre la vida y la muerte de los ciudadanos, facultad con un trasfondo religioso, donde sólo el Estado tiene el poder de castigar con la muerte u otorgar la gracia. Además de los casos de inocentes condenados, existe una alta probabilidad de que los sentenciados sean personas racializadas y pobres.
Miriam Jerade
FAL, Universidad Adolfo Ibáñez