AC contra Maya Fernández abogados expertos disienten en nueva sesión de la comisión revisora

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El constitucionalista, Patricio Zapata, instó a no interpretar de manera literal la norma que prohíbe a los ministros celebrar contratos con el Estado. Mientras, la penalista, Loreto Letelier, acusó que se trata de un caso de tráfico de influencias.

El constitucionalista, Patricio Zapata, instó a no interpretar de manera literal la norma que prohíbe a los ministros celebrar contratos con el Estado. Mientras, la penalista, Loreto Letelier, acusó que se trata de un caso de tráfico de influencias.

Este martes tuvo lugar una nueva sesión de la Comisión de la Cámara de Diputados, encargada de revisar la acusación constitucional en contra de la ex ministra de Defensa y militante del Partido Socialista, Maya Fernández.

Recordemos que esta acusación fue presentada previo a la salida de Fernández del Gobierno, en razón del contrato que firmó la familia Allende para que el Estado adquiriera la casa del fallecido mandatario y que habría beneficiado a la exministra, por ser una de las propietarias del inmueble.

En esta sesión de la comisión revisora, que está constituida mayoritariamente por miembros del oficialismo, estuvieron invitados los abogados Marisol Peña, Loreto Letelier, Patricio Zapata, Guillermo Jiménez.

El primero en exponer fue el experto constitucionalista, ligado a la Democracia Cristiana (DC), Patricio Zapata , quien hizo un llamado a no interpretar de manera literal el artículo de la Constitución que prohíbe a ministros realizar contratos con el Estado , y a tener en cuenta el sentido original de la norma , que busca garantizar la probidad de los funcionarios públicos.

Ministra de Defensa, Maya Fernández. Foto Aton.

¿Cuál gana? Nos aferramos a la palabra, a la letra y nos desentendemos de los propósitos, los fines, lo contextual, ¿o le damos a la norma un sentido sistemático y finalista? Yo creo que el artículo que se entiende haber sido violado por la exministra Maya Fernández, no debe ser interpretado de manera literal. Particularmente si uno quiere ser consecuente, si uno quiere usar el mismo estándar mañana o pasado mañana, dijo.

En contraste, la penalista cercana al Partido Social Cristiano (PSC), Loreto Letelier , aseguró que en la fallida compra de la casa de Salvador Allende hay indicios de corrupción y de un delito de tráfico de influencias

En esa misma línea, cuestionó los términos del acuerdo al que se llegó con la familia Allende y que implicaban que esta siguiera vinculada a la casa, posterior a la venta del inmueble.

La corrupción es evidente. ¿A qué ser humano en Chile el Estado le ofrece comprarle su casa para luego entregársela? Y decirle No te preocupes, además yo me encargo de tus gastos y si vamos a ampliar la casa o no, yo te la amplío, pero tú tienes el uso y el goce, y hazlo como fundación porque además así no vas a pagar impuestos. Es casi un negocio armado por un tributarista experto. Esa es la realidad y por eso es tan grosero y violento, estimó.

Por su parte, la ex presidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña , coincidió con Zapata en que la norma que habría sido transgredida por la exministra Fernández, no debería ser interpretada de manera literal, sino que preguntándose si se vulneró o no el principio de probidad contenido en la Constitución

Vista aérea de la casa del expresidente Salvador Allende. Foto Aton.

Asimismo, Peña instó a considerar los tres grandes pilares que motivaron la reforma constitucional de la expresidenta Michelle Bachelet , que precisamente extendió la prohibición de celebrar contratos con el Estado, a los ministros. Los objetivos aparecen claramente explicados por la expresidenta Bachelet en su mensaje presidencial. Tenía tres grandes pilares fortalecer la transparencia de los órganos del Estado, defender a ultranza el principio de probidad y, al mismo tiempo, concurrir a la modernización del Estado, explicó.

La interpretación finalista del artículo 37 bis de la Constitución en este caso concreto, tiene que ver con que la prohibición apunta a estimar si se ha configurado o no una infracción al principio de probidad, agregó.

El último abogado en intervenir fue el experto en derecho administrativo, Guillermo Jiménez, quien apuntó a uno de los principales debates surgidos tras la fallida compra de la casa de Allende si es que la familia celebró o no un contrato con el Estado . A juicio del académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, no se cumplieron todos los procesos necesarios

Estos contratos tienen tres etapas una etapa de autorización, una etapa de acuerdo de voluntades y una etapa de aprobación. En el caso actual, se pasaron claramente las dos primeras etapas pero no se llegó a la tercera pues el decreto supremo aprobatorio nunca se adoptó ni mucho menos tuvo lugar la toma de razón de la Contraloría, recalcó.

De esa manera, Jiménez sostuvo que desde el punto de vista del derecho administrativo, el contrato no se celebró. Solo se llegó a la etapa precontractual de esta operación, por lo tanto, jurídicamente hablando, es debatible que haya una infracción del artículo 37 bis de la Constitución.